Es obligación de los poderes públicos proteger el medio ambiente y los recursos naturales, promoviendo la utilización racional de los mismos, ya que de ellos dependen el desarrollo y la supervivencia humana.

Para ello se dictarán normas que aseguren:

1) El mantenimiento de los procesos ecológicos esen­ciales, la preservación de la diversidad genética, y la protección, recuperación y mejoramiento del medio ambiente.

2) La compatibilidad de la planificación económica, social y urbanística de la Provincia con la protección de los recursos naturales, culturales y del patrimonio histórico y paisajístico.

3) La absoluta prohibición de realizar pruebas nuclea­res, y el almacenamiento de uranio o cualquier otro mineral radiactivo y de sus desechos, salvo los utilizados en investigación, salud y los relacionados con el desarrollo industrial, cuya normativa se ajustará a lo establecido por los organismos competentes.

Todos los recursos naturales radioactivos, cuya extracción, elaboración o utilización puedan alterar el medio ambiente, deberán ser objeto de tratamientos específicos a efectos de la conservación del equilibrio ecológico.

4) El correcto uso y la comercialización adecuados de biocidas, agroquímicos y otros productos que puedan dañar el medio ambiente.

5) La protección de la flora y la fauna silvestre, así como su restauración.

6) El adecuado manejo de las aguas, tanto superfi­ciales como subterráneas, protegiéndolas de todo tipo de contaminación o degradación, sea química o física.

7) La prevención y control de la degradación de los suelos.

El derecho de gozar de un aire puro, libre de contaminantes gaseosos, térmicos o acústicos.

9) La concientización social de los principios eco­lógicos.

10) La firma de acuerdos con la Nación, provincias o países limítrofes cuando se trate de recursos naturales compartidos.

11) La implementación de medidas adecuadas ten­dien­tes a la preservación de la capa de ozono.