Nuevo flujo de residuos: basura electrónica

Un nuevo flujo de residuos peligrosos está emergiendo en la Argentina: la renovación de aparatos eléctricos y electrónicos crece cada año y genera una explosión en la generación de basura electrónica que en la actualidad es arrojada a basurales o enterrada en rellenos sanitarios.

Argentina tiene casi 40 millones de habitantes y aunque los aparatos eléctricos y electrónicos no están plenamente extendidos entre los ciudadanos, el número de equipos que se adquieren aumenta progresivamente ya que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son la porción de los residuos sólidos urbanos que más rápido crece debido a que la gente renueva sus teléfonos celulares, computadoras, televisores, equipos de audio e impresoras con más frecuencia que nunca.

Además de sus propios residuos electrónicos, Argentina y otros países deben lidiar también con la importación legal e ilegal de residuos electrónicos que ingresan generalmente con la excusa de su reutilización sin demasiados controles hasta ahora.

En este contexto nuestro país debería de reforzar los controles en sus fronteras -para residuos electrónicos- mediante el riguroso cumplimiento de la Convención de Basilea y, en particular, resolviendo el vacío legal generado por la no diferenciación entre material reutilizable y residuo electrónico.

Así como los países miembro de la OCDE[1] deben frenar las exportaciones de los residuos electrónicos recolectados, así también los países del sur —destinos de estos desechos—, deben frenar su importación: los residuos tóxicos, como los electrónicos, deben ser tratados lo más próximo posible al lugar donde se generan.

En los años ´90 los gobiernos en la Unión Europea, Japón y algunos estados de Estados Unidos establecieron sistemas de “reciclado” de basura electrónica. Muchos de ellos no tienen hoy la capacidad de administrar la cantidad de residuos electrónicos que ellos mismos generan y comenzaron a exportar el problema a los países en desarrollo donde las leyes para proteger a los trabajadores y al ambiente no son las más adecuadas o, peor aún, directamente no existen.

En Argentina los residuos de estos complejos productos de alta tecnología son manejados en forma casi exclusiva por un par de desmontadores abastecidos únicamente por los servicios técnicos de algunas pocas marcas internacionales.

La mayoría de los productos desechados no quedan registrados y aunque los métodos utilizados por el sector informal (cartoneros) no llegan a ser un problema grave –son métodos rudimentarios y no controlados- de no tomarse ninguna medida, existe el riesgo de que los procesos como la quema al aire libre de cables con PVC y el tratamiento de residuos en baños de ácido para recuperar el oro y otros metales valiosos, se propaguen en el sector causando no sólo riesgos ambientales y negatividades externas, sino poniendo en peligro de manera directa la salud de la gente del sector y las comunidades cercanas.

En síntesis, hoy no existe en Argentina ningún sistema que asegure una adecuada gestión ambiental de RAEE.

Greenpeace considera de suma urgencia que deben adoptarse medidas legislativas donde los fabricantes de aparatos electrónicos, quienes se benefician por la venta de sus productos, asuman la responsabilidad legal y financiera por sus productos hasta el final de su vida útil. Este concepto se denomina Responsabilidad Individual del Productor.

Para apoyar los mecanismos de mercado y promover la competencia dentro del sector, cada empresa debería pagar solamente por los costos de fin de ciclo de sus propios productos. Por lo tanto, cada compañía es responsable individualmente de sus productos. Una definición de responsabilidad individual utilizada con frecuencia establece que: el productor tiene una responsabilidad financiera individual cuando paga por la gestión de fin de ciclo de sus productos.

Este principio premia financieramente a aquellos productores que inviertan en la eliminación de sustancias peligrosas y utilicen materiales y diseños en sus productos que los hagan fácilmente reutilizables y reciclable.

Continuando con esta idea estas condiciones son necesarias para generar una conciencia empresarial adecuada y transparente que permita crear un nexo entre los productos y la consecuencia ambiental que acarrean, incentivar el diseño ecológico y evitar la venta de aquellos que no tengan una empresa que los respalde.

Los beneficios de una acción temprana en Argentina harían por un lado que los costos crecientes en gestión de residuos, que hoy recaen sobre las municipalidades y contribuyentes, puedan transferirse a los productores y por otro lado ayudaría a evitar la permanencia del sector informal dedicado al reciclaje de residuos electrónicos con las consecuencias que ello acarrea.

* [1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE: es una organización de cooperación internacional, compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.