Presentación de la Primera Póliza de Seguro Ambiental
La aprobación de la Primera Póliza de Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva por la Superintendencia de Seguro de la Nación (Proveído 108126 SSN 26/08/08), tras el acuerdo otorgado en materia ambiental por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, coloca a la República Argentina a la vanguardia en un aspecto central del cuidado del medio ambiente, consistente en la obligación del asegurado de reparar los daños colectivos que su acción inflija al suelo y al agua.
La Argentina cumple de tal forma mandatos emanados de su moderna legislación en la materia y de la propia Constitución Nacional, que en el Art. 41 de la Reforma de 1994 consagró el derecho de los habitantes a gozar de un ambiente sano, impuso a la actividad productiva el deber de preservarlo y estableció la obligación de recomponer los daños ambientales provocados.
En la Póliza que se presenta, denominada “Seguro de Caución – Daño Ambiental de Incidencia Colectiva – Garantía de Remediación Ambiental”, el Estado (Nacional, Provincial o Municipal) es el asegurado; el titular de la actividad riesgosa asegurada es quien contrata la cobertura y afronta la prima de riesgo, y el asegurador es la compañía que emite la Póliza
La obligación emanada del contrato es remediar los daños ambientales de incidencia colectiva provocados por incidentes previstos en la cobertura. Se entiende por daños ambientales de incidencia colectiva aquellos que produzcan una alteración relevante y negativa del ambiente o sus recursos y que impliquen un daño inaceptable para la salud humana o el deterioro de un recurso natural que limite su capacidad de regeneración.

Seguro obligatorio
En el año 2002, el Congreso de la Nación sancionó la Ley General de Ambiente, Nº 25675, que en su artículo 22 estableció que toda persona física o jurídica que realice actividades riesgosas para el ambiente deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que pudiere producir.
Asimismo, dispuso que quien cause daño ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior al deterioro provocado o, en caso de que no sea técnicamente factible, deberá depositar la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria en el Fondo de Compensación Ambiental, creado por la misma ley para instrumentar acciones de reparación.
La cobertura diseñada, que cumple los nobles objetivos perseguidos por la legislación, es el resultado de una ardua labor conjunta desarrollada por el sector privado, integrado en este caso por las empresas aseguradoras que han constituido la Cámara Argentina Aseguradora de Riesgo Ambiental (CAARA), y el sector público, en las personerías de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y su dependencia, la Superintendencia de Seguros de la Nación.
En el cumplimiento del mandato constitucional que derivó en el desarrollo del instrumento que hace operativa la obligación de contratar el seguro ambiental, intervinieron los tres Poderes de la Nación: el legislativo, mediante la sanción de una legislación moderna, abarcadora y realizable, protectiva del patrimonio natural y de la diversidad biológica; el Ejecutivo, a través de diversas medidas emanadas de los organismos mencionados y de la disposición favorable de los funcionarios; y el Judicial, mediante el dictado de una memorable acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa conocida como “Mendoza”.
Garantía de remediación
En la Póliza que se presenta, en los casos de siniestros previstos en la cobertura, el asegurador garantiza no sólo la recaudación de los fondos necesarios hasta la suma asegurada para remediar a la brevedad los daños de incidencia colectiva, sino también la ejecución de las tareas de remediación.
La garantía rige independientemente de la manifestación súbita o gradual del daño. Esto es, de ser declarado el incumplimiento del asegurado, la aseguradora se hará cargo de la reparación de los daños hasta los montos asegurados.
Tal como lo establecen la legislación y las normativas de los órganos de aplicación, los montos asegurados surgen de una función polinómica mediante la cual se calcula el nivel de complejidad y riesgo ambiental de cada caso.
A esos efectos, la tramitación de la Póliza aporta un gran valor agregado a la sociedad al exigir la calificación económica patrimonial del asegurado y un estudio de Situación Ambiental Inicial (SAI) que configura un diagnóstico de la situación al momento de ser otorgada la cobertura. La Póliza contempla asimismo un programa de prevención del riesgo y procedimientos de seguimiento y actuación ante el conocimiento de un incidente.
A fin de cumplir con la obligación de la remediación ambiental, la normativa contempla la figura de los operadores de residuos peligrosos y patogénicos, que son las personas o empresas habilitadas por el organismo competente para realizar las acciones correctivas mediante las cuales se restablezcan las condiciones al nivel de la Situación Ambiental Inicial.
Las empresas dedicadas a la remediación, esto es, los operadores de residuos peligrosos y patogénicos, disponen de las mejores tecnologías orientadas al tratamiento profesional de los residuos especiales, tanto industriales como patogénicos. La mayor parte de estas empresas están asociadas en la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (CAITPA).
Las actividades de remediación contempladas en la normativa son la remediación y limpieza, eliminación de material contaminante, monitoreo y control sobre los medios naturales contaminados, tratamiento y disposición ex situ necesarias para la recomposición y tratamientos de eliminación de material contaminado residual de estas operaciones.
UPor información adicional

PD.:Mi escuela es la media nº 205.