En diálogo con Criticadigital, el coordinador general de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace sobre la Ley de Bosques, Hernán Giardini, explicó porqué los pobladores de Tartagal viven una de sus peores catástrofes. Habló de una doble responsabilidad del Gobierno nacional y del gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. “Esto se pudo evitar”, sostuvo.
El ministro del interior, Florencio Randazzo, dijo que “la catástrofe no podía evitarse” porque el alud se adelantó a la finalización de la obra del puente que canalizaría el agua del río.
Si él reconociera este problema estaría reconociendo las responsabilidades de la Nación y la provincia. Si no hubieran deforestado la zona de la manera en que lo hicieron en los últimos 10 años esto no habría sucedido. La deforestación fue la principal causa por que no se mitigó el impacto de las lluvias.
Entonces ¿no ocurrió sólo por una causa “natural”?
Al desaparecer la cobertura boscosa, tanto por la tala como por el desmonte, el suelo queda expuesto a una erosión hídrica que va socavando en la cuenca, genera derrumbes y el río no toma el curso natural, es decir, baja a una dirección distinta que sólo puede ser frenada por la vegetación, inexistente.
¿Cuál es la responsabilidad del gobierno salteño?
Salta es la provincia del país que más desmontes autorizó en el último tiempo. Desde 2006 incrementó muchísimo la cantidad de desmontes. En 2007 mientras se discutía la Ley de Bosques, el ex gobernador (Juan Carlos) Romero quintuplicó la cantidad de desmontes. Los empresarios lo ven como una gran oportunidad para hacer dinero: a veces compran tierras del tamaño de la ciudad de Buenos Aires, de 30 mil hectáreas, a precios irrisorios.
¿Por qué el ensañamiento con el desmonte de los bosques nativos?
El principal negocio es la agricultura: la soja. Los empresarios también ven muchas oportunidades con la ganadería y el uso maderero. En la tala de árboles se usan motosierras, pero para el desmonte emplean unas topadoras gigantes y ahí sí que no queda nada. Sin dudas que para hacer esto, recibieron el aliento de los gobiernos locales de Romero y Urtubey, sino no pasa.
¿Y la responsabilidad del Gobierno nacional?
Antes de la sanción de la Ley de Bosques (26.331) se pedía un estudio de impacto ambiental que parecía una cargada y una audiencia pública que nunca lo frenaba. Era pura burocracia. Ahora existe la sanción, pero no la reglamentación de la norma, y esa función le corresponde al Poder Ejecutivo. Hay artículos que quedan a libre interpretación y sin la reglamentación no se puede hacer nada al respecto. Hoy tememos que se reglamente la ley pero que no se respete el espíritu de la norma: hay intenciones de las provincias del norte por continuar con estas actividades. Por esto, esperamos que la presidenta Cristina Kirchner le baje una fuerte línea a los gobernadores del desmonte.
¿Usted cree que le harán caso si lo hace?
Esto lo maneja la provincia, la aplicación de los recursos naturales es provincial desde la reforma del 95. En realidad, esto debería funcionar bajo leyes nacionales que le dan ecuanimidad. Por supuesto que la interpretación depende de la provincia, acá hay doble responsabilidad.
¿Hubo un previo aviso de la naturaleza, una señal que anticipara la catástrofe?
El problema viene desde hace 10 años. En 2006 se alertó. Durante 2007 hubo un incremento de los desmontes, pero tanto a nivel local como nacional piensan que los recursos son ilimitados, que no van a tener el impacto. No lo hacen por ignorancia, sino por conveniencia, hay mucho negocio detrás. En Salta las hectáreas son muy baratas, el negocio es muy grande. En términos ambientales es un desastre.
En diciembre pasado la Corte Suprema de la Nación suspendió varios desmontes a raíz de un pedido de los pobladores originarios ¿Qué pasó después?
El 18 de febrero hay una audiencia pública, esperemos que la Corte falle a favor de las comunidades. Eso va a ser un punto importante porque por lo menos demostraría una atención del Máximo Tribunal a un problema que ni la Nación ni Urtubey están atendiendo. Para los nativos eliminar el bosque es como condenarlos a muerte. (N. del R.: El gobierno provincial de Juan Carlos Romero había autorizado el desmonte en 807 mil hectáreas.)
¿Después del alud, cuál es el mayor temor en la zona para los próximos días?
La posibilidad de dengue esta latente, la situación es por demás propicia. Estamos muy preocupados, toda la región está dañada por la crecida del río, hay bosques pelados, muchas zonas a punto de desbarrancarse. No podemos descartar que se produzca otro alud.
¿Cree que ahora Cristina Kirchner le dará la debida importancia a la Ley de Bosques?
Puede ser. Se que están reunidos y tratando de acelerar este proceso. Nosotros, por lo pronto, recibimos más de mil llamados diarios al teléfono rojo para pedir la reglamentación. Esa movida generó una fuerte presión, aunque de todas formas, se sigue discutiendo entre el Ejecutivo y las provincias. No dejan intervenir a las organizaciones civiles. La última vez que las ONG pudieron intervenir fue en julio pasado, en la elaboración de un borrador, pero fue desestimado. Pedimos audiencia con (Sergio) Massa, con la Presidenta, con el secretario de Ambiente de la Nación Homero Bibiloni, pero la comunicación que tienen con Greenpeace es nula.
¿En qué consistiría esa reglamentación?
En procesos de evaluación antes de autorizar un desmonte, en mejorar los controles provinciales. Muchas veces una forma de ningunear una ley es no reglamentándola.
Para cumplir con la Ley de Bosques, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, deberá presentar en marzo el mapa de los bosques de Salta que determina aquellas zonas que deberán protegerse y las que podrán desmontarse. 
La provincia de Salta ya perdió más de dos millones de hectáreas de bosques y es fundamental preservar lo que aún queda por su alto valor de biodiversidad, su función como protectores de cuencas, y para garantizar la supervivencia de las comunidades campesinas e indígenas que viven allí. 
