Después de que distribuyeran los fondos correspondientes a la provincia de Salta de acuerdo con lo establecido por la Ley de Bosques (Presupuesto 2011) surgieron graves acusaciones por parte del diario local “El Tribuno” hacia la organización beneficiaria de los fondos Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) y sobre la legitimidad del proceso de asignaciones. En reiteradas ocasiones el diario acusó a la organización de “no hacer llegar el dinero a los aborígenes salteños”.

Es por eso que los representantes de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat y de la Organización de Familias Criollas de los lotes fiscales 55 y 14 (OFC) publicaron recientemente un comunicado de prensa en el que explicitan su posición dentro del proceso y en torno a los dichos de "El Tribuno". Lo compartimos con ustedes:

 

Santa Victoria Este, 22 de Agosto de 2011

Los representantes de la Asociación de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat y de la Organización de Familias Criollas de los lotes fiscales 55 y 14 (OFC), cansados ya de ver como se tergiversa la verdad y se cuestiona injustamente la legitimidad de procesos sociales de fondo, generados tras décadas de trabajo en el territorio y respetando el ordenamiento jurídico vigente, es que decidimos dar a conocer públicamente nuestra posición sobre las informaciones vertidas por el diario “El Tribuno” en este último tiempo,
Queremos que se conozca la real situación del proceso de regularización dominial de los fiscales 55 y 14 y el transfondo político de este ataque.

El reclamo por la tierra en esta zona comenzó hace muchos años, primero en forma desarticulada, cada grupo, indígenas y criollos, buscaban una solución para si. Cuando el estado ya había comenzado con las obras de la ruta nacional 86, que cruzaba nuestro territorio, que aprobaron sin consultarnos, es cuando acontece la toma del punte de Misión la Paz que dejo como saldo niños muertos. En el año 1998 el caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de agotar las instancias judiciales nacionales que desestimaban nuestro reclamo. Por recomendación de la CIDH, se abre la “mesa de solución amistosa” en la que participaron organizaciones indígenas y criollas, el gobierno provincial, nacional y la CIDH, con el fin de definir una propuesta de distribución consensuada. En el año 2005, esta mesa es cerrada por el gobierno de J. C. Romero y redacta unilateralmente su propuesta que es puesta a consideración a través de un referéndum muy cuestionado por nosotros a votarse simultáneamente con las elecciones legislativas de ese año. Allí comienza otra encarnizada campaña de desprestigio en contra de la OFC y sobre todo contra Lhaka Honhat.

A pesar de esto, entre nosotros comenzamos un diálogo profundo que desemboca en una serie de acuerdos que sientan el marco del actual proceso y que el gobierno de Juan Carlos Romero finalmente ratifica a una semana de las elecciones que definían a su sucesor, pese a los compromisos asumidos con sus punteros locales marcando un hecho político sin precedentes en la zona como fue un decreto de pre adjudicación que respetaba nuestros acuerdos. El punto central del acuerdo fue la distribución de 400.000 has para las comunidades y 243.000 para las familias criollas. (Decreto 2786/07).

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Luego de que Greenpeace reclamara su asignación en reiteradas oportunidades, en abril de este año la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación acordó con las provincias la distribución de los fondos de la Ley de Bosques establecidos en el Presupuesto 2011.

Salta, una de las provincias con mayor superficie boscosa del país, recibirá más de 40 millones de pesos. El 70% estará destinado a los titulares de bosques nativos que presenten planes de conservación o manejo sustentable de los bosques, mientras que el 30% restante servirá para mejorar los controles para evitar la deforestación ilegal y para fomentar el desarrollo sustentable de las actividades que campesinos e indígenas realizan en los bosques.

El diario salteño “El Tribuno” viene acusando FUNDAPAZ, una de las organizaciones que fue beneficiaria de los fondos, de “no hacerlos llegar a los aborígenes salteños”. En este parte de prensa la Fundación se defiende de las acusaciones y explica cómo serán utilizados. Lo compartimos con ustedes:

Salta, 1 de agosto del 2011

PARTE DE PRENSA DE FUNDAPAZ

PROYECTOS FORESTALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Queremos informar a la población de la provincia de Salta, que el día 1 de agosto del 2011, la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ), organización que desde hace más de 30 años trabaja en la provincia de Salta con comunidades indígenas y familias criollas, ha presentado al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable los informes y rendiciones de los proyectos de las Comunidades Lote 75, Wayayuk, Kayip y San Patricio, que fueron financiados con fondos de la Ley de Bosques. A la documentación antes mencionada, se adjuntaron las Actas firmadas con cada una de las comunidades, en las que se certifica la recepción de rollos de alambres, torniquetes, equipamiento forestal, GPS, cámaras de fotos, material anexo para los GPS,  material de librería para las capacitaciones y el dinero para pagar la mano de obra e insumos que aportan las propias comunidades,  para realizar las inversiones.

De las rendiciones, informes, actas de entregas y comprobantes se desprende que  de los   $222.232  gestionados entre los 4 proyectos,  el 79,14% ha sido destinado a inversiones e insumos para las comunidades  y el 20,86 % para fondos que FUNDAPAZ utilizó en concepto de administración (6,7%), asistencia técnica (5,9%) y capacitación (8,3%). Aclaramos como un dato no menor, que dichos fondos  son necesarios para asegurar el éxito en la ejecución de estos proyectos en cada una de las comunidades y además, dejar capacitados a sus miembros para mejorar el manejo de los recursos naturales de que disponen. Es decir, que esos fondos también  llegaron a las comunidades en concepto de servicios técnicos: asistencia técnica y capacitación-.

De esta forma, queda claramente demostradas la mentira y la acusación falsa que desde un medio grafico de Salta  con dudosa intención,  se ha  venido sosteniendo sobre nuestra labor. Se mintió cuando se dijo que los fondos no llegaban a las comunidades, se mintió cuando se dijo que no contábamos con las autorizaciones de las comunidades y se mintió cuando se dijo que nos quedábamos con el 40 al  46% de los fondos de las comunidades. Lo hicieron  manipulando datos y confundiendo a las comunidades y la sociedad toda. Ojalá se animen ahora a publicar la verdad como lo hacen los periodistas  y medios en serio.

También desconocieron lo que significa trabajar en programas de desarrollo rural,  cuando se desacreditó desde dicho medio nuestro trabajo en  apoyo técnico, administrativo y de capacitación que nuestra institución brinda. No hay desarrollo rural sin capacitación, asistencia técnica e inversiones a los grupos marginados que se los quiere sacar de la pobreza fortaleciendo sus capacidades  y sus potencialidades. Debieran saberlo.

Quizás lo que les molesta es que estas comunidades y familias criollas, logren con nuestro  asesoramiento, hacer respetar sus derechos, presentar programas de regularización de tierra, propuestas productivas concretas como la reconversión ganadera de los criollos bajo manejo agrosilvopastoril,  o programas de aprovechamiento forestal que les dé a las comunidades una actividad económica que les permita romper con el circulo vicioso de regalar sus recursos y productos  a personas que los explotan y engañan desde la ilegalidad de actividades  sin sustento técnico, ambiental ni económico.

Redoblamos nuestro esfuerzo y nuestro compromiso para seguir trabajando en la provincia de Salta. Intensificaremos nuestro apoyo a las organizaciones para que sigan logrando objetivos concretos que les garanticen una vida mejor y seguiremos luchando en contra de la injusticia y el abandono al que se somete a miles de salteños.

Agradecemos enormemente las innumerables muestras de apoyo político, moral  y social que hemos recibido en este último tiempo, de instituciones públicas y privadas, organizaciones de base, gente común, medios de comunicación, redes técnicas, iglesias y grupos ecuménicos, entre los principales, frente a  las acusaciones falsas a las que hemos sido sometidos, intentando perjudicar nuestro prestigio nacional e internacional.

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Luego de que la Jefatura de Gabinete de la Nación anunciara la semana pasada la distribución de los 300 millones de pesos asignados a la Ley de Bosques para este año 2010, Greenpeace celebra hoy dos buenas noticias para una de las provincias con mayor superficie boscosa del país, Salta.

Por un lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia firmó un convenio con las organizaciones no gubernamentales Fundapaz (representada por Gabriel Seghezzo) y Asociana (representada por Christopher Neil Wallis) que tiene por objeto la implementación de programas de asistencia técnica y financiera, para actividades desarrolladas por pequeños productores, comunidades indígenas y campesinas de la provincia de Salta, en las zonas de influencia en las que ambas ONG actúan usualmente.

Por otro lado, el Ministerio también firmó un convenio con APROFICSA (Asociación de Productores Foresto Industriales de la Provincia de Salta) y el Centro de Obrajeros de Orán con el fin de reforzar el trabajo realizado entre lo público y lo privado en el manejo sustentable y participativo de los bosques nativos. Este convenio propone establecer los lineamientos de cooperación técnica específica, dirigida a mejorar los procesos de desarrollo sustentable del sector foresto-industrial de la Provincia de Salta.

“Nuestra intención es que de aquí surja la conformación de una mesa permanente de análisis y definición de la problemática ambiental que afecte al sector, marcando los horizontes necesarios para otorgar la suficiente seguridad jurídica en el manejo sustentable de los recursos naturales involucrados”, aseguró Francisco López Sastre, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Con una nueva convocatoria que se lleva adelante a 90 días de proyectos para las comunidades, ONGs y privados Salta es hoy una provincia que está invirtiendo un total de 51 millones de pesos en su política de conservación de bosques nativos.

Fuentes:

http://www.turismo530.com/noticia_ampliada.php?id=22545

http://www.fmalba.com.ar/fma_129860211210.php

Nota publicada en la edición impresa del Diario Crítica, en la sección Sociedad, pág. 19.

La Corte Suprema de Justicia intimó al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, para que en cinco días informen sobre el impacto ambiental de nuevas talas y desmontes de bosques en la provincia. La medida procura establecer si un decreto provincial, que autoriza la tala de bosques en los departamentos de Orán, Rivadavia, San Martín y San Victoria, cumple con la medida cautelar que suspendió esas actividades.

El 26 de marzo, la Corte ordenó “suspender todas las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución” en los cuatro departamentos hasta tanto la provincia de Salta, en el plazo máximo de 90 días, realice un estudio de impacto ambiental, “en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación” y en el que “se deberá dar amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada”.

“La polémica se originó porque el gobierno salteño dice que ya presentó esos estudios ante la Corte y en realidad esas presentaciones nunca se concretaron”, aseguró a Crítica de la Argentina Hernán Giardini, integrante de Greenpeace. “Si la provincia –como dicen sus funcionarios– ya tiene los estudios correspondientes de impacto ambiental, no entendemos por qué no los presentó ante la Corte, que actuó correctamente intimando a los responsables”, agregó. Los aborígenes denunciaron que entre 2004 y 2007 hubo “masivas e indiscriminadas” autorizaciones para llevar a cabo el desmonte y la tala, ya que entre esos años se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la Secretaría de Medio Ambiente avaló 191 por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo. Cuando extendió la prohibición de talas y desmontes, la Corte Suprema ordenó también a los gobiernos que realicen un estudio de impacto ambiental. Las nuevas talas se autorizaron sin esos estudios, por lo cual la Corte Suprema pidió que les sean remitidos “en un plazo de cinco días”.

Al hacer lugar a la medida cautelar, que había sido solicitada por comunidades aborígenes salteñas, la Corte requirió además al Estado provincial que elabore un informe con los nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de todas las personas físicas y jurídicas que solicitaron y obtuvieron las referidas autorizaciones. Las comunidades wichi San Ignacio de Loyola, Zona Bermejo y San José Chustaj Lhokwe responsabilizaron a la provincia de Salta por otorgar autorizaciones de desmonte que lesionarían los derechos de los habitantes de las zonas mencionadas.

Al fundamentar su competencia originaria, la Corte dijo que “corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que éstos sean vulnerados como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento, sobre todo cuando están en juego garantías constitucionales”.

El gobierno salteño dijo que cumplió con lo pedido. “La Corte reclama el estudio ambiental acumulativo que nosotros ya presentamos en la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, recién hoy (por ayer) el organismo nos devolvió la propuesta con algunas observaciones y aportes. Por eso, el jueves presentaremos toda la documentación requerida ante el supremo tribunal”, aseguró Félix González Bonorino, coordinador de Políticas para Ambiente y Desarrollo de la gobernación de Salta.

Después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos aceptara junto a otras organizaciones como opinión calificada en la causa por los desmontes en Salta, el Nuevo Diario de Salta lo publicó en tapa.

Greenpeace, junto con Fundación Vida Silvestre, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Banco de Bosques y Comunidad Tikanaku, publicó una solicitada titulada “¿La conservación o el desarrollo? Ambas” en el Nuevo Diario de Salta, con consideraciones al Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia. Para leerla, hacé click aquí.

La revista Pronto publicó una editorial sobre nuestra denuncia sobre tala ilegal en Salta, actividad que se desarrolla a pesar de la suspensión de los desmontes y la tala por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Para ampliar la imagen, hacé click aquí.

En este video representantes de distintas comunidades indígenas de Salta reclaman el fin de los desmontes en sus territorios y nos explican cómo la deforestación afecta su supervivencia, qué opinan sobre el alud en Tartagal y cómo aún esperan ser escuchados, de una vez y para siempre.

Esta mañana, tres activistas de Greenpeace realizaron una protesta en el aeroparque porteño, donde colocaron un cartel y repartieron folletos a los turistas que abordaban el vuelo a Salta para reclamarle al gobernador Urtubey que pare con la fiebre de desmontes en la provincia. Este es el video de la demostración: