Compartimos con ustedes una interesante nota de opinión de hoy en el diario La Nación sobre la necesidad de que EE.UU encare una política de reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en su industria de carbón, camino a la Cumbre sobre el Clima en Copenhague.
La negra política del carbón
Jeffrey Sachs
Para LA NACION
El Tratado de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmado en 1992, establecía para todo el mundo el compromiso de "evitar peligrosas interferencias antropogénicas en el sistema climático". Sin embargo, las emisiones de gases de invernadero han seguido aumentando considerablemente desde entonces.
Estados Unidos ha sido el país menos dispuesto del mundo, que se negó a firmar el Protocolo de Kyoto de 1997, o a adoptar cualquier clase de control eficaz de sus emisiones locales. Ahora, cuando nos encaminamos hacia la cumbre mundial que se realizará en Copenhague, en diciembre, para negociar un acuerdo que sustituirá al Protocolo de Kyoto, Estados Unidos vuelve a ser la principal causa de preocupación. Incluso ahora, los políticos estadounidenses siguen fuertemente divididos respecto del cambio climático, aunque el presidente Barack Obama tiene nuevas oportunidades de salir del atolladero.
Un año después del tratado de 1992, el presidente Bill Clinton intentó sancionar un impuesto a la energía que hubiera ayudado a Estados Unidos a reducir su dependencia de los combustibles fósiles. La propuesta no sólo fracasó, sino que también desencadenó una reacción política contraria. Cuando se estableció el Protocolo de Kyoto en 1997, Clinton ni siquiera lo envió al Senado para que fuera ratificado, sabiendo que sería rechazado. El presidente George W. Bush repudió el Protocolo de Kyoto en 2001 y, en lo esencial, no hizo nada en toda su presidencia en lo referido al tema del cambio climático.
Existen varias razones que justifican la inacción estadounidense, incluso la ideología y la ignorancia científica, pero la más importante se resume en una sola palabra: carbón. Al menos 25 estados producen carbón, una actividad que no sólo genera ingresos, empleos y recaudación fiscal, sino que también abastece un porcentaje desproporcionadamente grande de la energía.
Las emisiones de carbono per cápita en los estados carboníferos del país tienden a ser mucho más elevadas que el promedio nacional. Como la manera de encarar el cambio climático está primordialmente dirigida a reducir las emisiones del carbón, el combustible con mayor proporción de carbono, los estados carboníferos estadounidenses temen especialmente la incidencia económica de cualquier clase de control (aunque la industria petrolera y automotriz no les van muy a la zaga).
El sistema político estadounidense también plantea problemas particulares. La ratificación de un acuerdo requiere el apoyo de 67 de los 100 miembros del Senado, un obstáculo virtualmente insalvable. El partido republicano, con sus 40 bancas en el Senado, tiene demasiados ideólogos ?y, de hecho, demasiados senadores decididos a desbaratar cualquier iniciativa de Obama? poco dispuestos a ofrecer sus votos para alcanzar el mínimo requerido de 67. Más aún, hay senadores demócratas de los estados petroleros y carboníferos que probablemente no respalden ninguna acción decisiva.
Esta vez, la idea es evitar la dependencia de los 67 votos, al menos al principio, y concentrarse en la legislación nacional y no en un tratado. Según la Constitución de Estados Unidos, la legislación interna (a diferencia de los tratados internacionales) requiere una mayoría simple tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para quedar pendiente de la firma presidencial. Y es casi seguro que se podrán lograr 50 votos a favor de una ley de cambio climático (un empate desequilibrado por el voto favorable del vicepresidente).
Pero los opositores de la legislación pueden amenazar con ejercer técnicas dilatorias (hablar durante un período indefinido, lo que paralizaría la tarea del Senado), situación que sólo puede terminar si 60 senadores apoyan la medida. De otra manera, la legislación propuesta puede eliminarse, aun cuando concite el apoyo de una mayoría simple. Eso es lo que seguramente ocurrirá con respecto a la legislación local sobre el cambio climático. Conseguir 60 votos es una tarea casi imposible.
Los analistas políticos saben que los votos dependerán de la ideología de cada senador, de las pautas de votación de cada Estado, y de la dependencia estatal del carbón, comparada con la dependencia de otras fuentes de energía. Sobre la base de estos factores, un análisis calcula 50 probables votos demócratas favorables y 34 votos republicanos negativos, y deja 16 votos en juego. Diez de los votos indecisos son demócratas, principalmente de los estados carboníferos; los otros seis son republicanos que posiblemente podrían darles su voto al presidente y a la mayoría demócrata.
Hasta hace poco, muchos creían que China e India serían los verdaderos remisos en las negociaciones sobre el cambio climático. Sin embargo, China ha anunciado un conjunto de iniciativas importantes en energía solar, eólica, nuclear y en tecnología de la captura de carbono para reducir la intensidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
India, un país que siempre se temió que fuera un obstáculo, ha dicho que está dispuesta a adoptar un significativo plan de acción nacional para embarcarse en el camino de la energía sustentable. Estas decisiones ejercen sobre Estados Unidos una mayor presión; le exigen actuar. Si los países en vías de desarrollo manifiestan su voluntad de llegar a un acuerdo global, ¿cómo podría el Senado de los Estados Unidos actuar como el último gran obstáculo del mundo?
Obama dispone de herramientas adecuadas para conducir a Estados Unidos hacia la senda elegida por el mundo para combatir el cambio climático. En primer lugar, está negociando acuerdos laterales con senadores reticentes para amortiguar el impacto económico en los estados carboníferos, y para aumentar la inversión estadounidense en investigación y desarrollo, y eventualmente en la adopción de tecnologías de carbón limpio.
En segundo término, puede ordenarle a la Agencia de Protección Ambiental que imponga controles administrativos en las plantas carboníferas y automotrices aun cuando el Congreso no apruebe la nueva legislación. Es posible que la vía administrativa resulte ser aún más importante que la vía legislativa.
La política del Senado de Estados Unidos no debe ocultar el asunto más importante: Estados Unidos ha actuado de manera irresponsable desde que firmó el tratado climático de 1992. Es el país más grande y poderoso del mundo, y uno de los más responsables del cambio climático hasta el momento, y ha actuado desatendiendo su compromiso con sus propios ciudadanos, con el mundo y con las futuras generaciones.
Hasta los senadores de los estados carboníferos deberían avergonzarse. Sin duda, sus estados necesitan ayuda extra, pero no debe permitirse que algunos intereses limitados pongan en peligro el futuro de nuestro planeta. Es hora de que Estados Unidos vuelva a unirse a la familia global.
Traducción Mirta Rosemberg
* En nuestro país, vos podés exigirle a Cristina que pare la usina de carbón de Río Turbio y salve los glaciares y el clima, hacé click aquí.
