Activistas de Greenpeace Australia y el Pacífico llevaron más lejos la acción en la planta de carbón Punto Abbot realizada mientras los líderes se reunían en el Foro de las Islas del Pacífico en Cairns para decidir sus políticas con respecto al cambio climático.

La noche de ayer, activistas de Greenpeace cerraron la carga de carbón en la planta de carbón Punto Hay en Mackay, Queensland, una de los principales terminales de exportación de carbón en el mundo. Los 10 activistas escalaron a 50 metros de altura del cargador de carbón y se encerraron dentro de la estructura para frenar su funcionamiento, impidiendo la emisión de toneladas de gases de efecto invernadero.

Según el reciente comunicado con los resultados del Foro, el Primer Ministro australiano Kevin Rudd se dejó intimidar por los grandes contaminadores. Los líderes de Pacífico comenzaron el Foro con una firme posición de negociar recortes de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para 2020 y que la temperatura del planeta se mantenga por debajo de 1, 5 grados y terminaron acordando un recorte del 50% para 2050 y que el planeta no supere los 2 grados.

Por esto, los activistas continúan con el bloqueo de la planta para llamar la atención sobre la hipocresía de la política climática del gobierno y nuestro barco, el Esperanza, se acercó al puerto para apoyar la acción. Seguí la acción en vivo en Twitter, Facebook, o en el blog de Australia.

Si los dirigentes que deberían cuidar que las Islas de Pacífico no desaparezcan a causa de la elevación del nivel del mar como efecto del cambio climático, no pueden lograr algo mejor que lo que acordaron hasta ahora, ellos mismos deberán buscarse otro hogar.

Greenpeace Estados Unidos dio por terminada su campaña de 4 años “Kleercut”, en la que reclamaba a la empresa Kimberly-Clark que no utilice en sus productos materiales provenientes de la deforestación de la selva boreal, después de que la empresa anunció políticas sustentables.

Kimberly-Clark fijó como objetivo obtener el 100% de las fibras de madera para sus productos de fuentes ambientalmente sustentables. Para el fin del 2011, la empresa no usará ninguna pulpa de la Selva Boreal, a menos que tenga certificado FSC (Forest Stewardship Council).

De esta manera, la compañía de papel más grande del mundo, se convirtió en una de las industrias líderes en sustentabilidad. Greenpeace pide que las empresas que son su competencia, Georgia-Pacific y Procter & Gamble, sigan su ejemplo e insta a sus socios a que agradezcan a Kimberly-Clark haberse decidido a proteger el patrimonio de todos.

Nota publicada en la edición impresa del Diario Crítica, en la sección Sociedad, pág. 19.

La Corte Suprema de Justicia intimó al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, para que en cinco días informen sobre el impacto ambiental de nuevas talas y desmontes de bosques en la provincia. La medida procura establecer si un decreto provincial, que autoriza la tala de bosques en los departamentos de Orán, Rivadavia, San Martín y San Victoria, cumple con la medida cautelar que suspendió esas actividades.

El 26 de marzo, la Corte ordenó “suspender todas las autorizaciones de tala y desmonte y su ejecución” en los cuatro departamentos hasta tanto la provincia de Salta, en el plazo máximo de 90 días, realice un estudio de impacto ambiental, “en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación” y en el que “se deberá dar amplia participación a las comunidades que habitan en la zona afectada”.

“La polémica se originó porque el gobierno salteño dice que ya presentó esos estudios ante la Corte y en realidad esas presentaciones nunca se concretaron”, aseguró a Crítica de la Argentina Hernán Giardini, integrante de Greenpeace. “Si la provincia –como dicen sus funcionarios– ya tiene los estudios correspondientes de impacto ambiental, no entendemos por qué no los presentó ante la Corte, que actuó correctamente intimando a los responsables”, agregó. Los aborígenes denunciaron que entre 2004 y 2007 hubo “masivas e indiscriminadas” autorizaciones para llevar a cabo el desmonte y la tala, ya que entre esos años se presentaron 195 solicitudes, de las cuales la Secretaría de Medio Ambiente avaló 191 por un total de 807.509 hectáreas de bosque nativo. Cuando extendió la prohibición de talas y desmontes, la Corte Suprema ordenó también a los gobiernos que realicen un estudio de impacto ambiental. Las nuevas talas se autorizaron sin esos estudios, por lo cual la Corte Suprema pidió que les sean remitidos “en un plazo de cinco días”.

Al hacer lugar a la medida cautelar, que había sido solicitada por comunidades aborígenes salteñas, la Corte requirió además al Estado provincial que elabore un informe con los nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de todas las personas físicas y jurídicas que solicitaron y obtuvieron las referidas autorizaciones. Las comunidades wichi San Ignacio de Loyola, Zona Bermejo y San José Chustaj Lhokwe responsabilizaron a la provincia de Salta por otorgar autorizaciones de desmonte que lesionarían los derechos de los habitantes de las zonas mencionadas.

Al fundamentar su competencia originaria, la Corte dijo que “corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que éstos sean vulnerados como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento, sobre todo cuando están en juego garantías constitucionales”.

El gobierno salteño dijo que cumplió con lo pedido. “La Corte reclama el estudio ambiental acumulativo que nosotros ya presentamos en la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, recién hoy (por ayer) el organismo nos devolvió la propuesta con algunas observaciones y aportes. Por eso, el jueves presentaremos toda la documentación requerida ante el supremo tribunal”, aseguró Félix González Bonorino, coordinador de Políticas para Ambiente y Desarrollo de la gobernación de Salta.

La semana pasada comenzamos el proceso de reuniones conjuntas entre el Cuerpo Colegiado de Control y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), de acuerdo a lo establecido por el Juez Federal de Ejecución de la sentencia de la Corte Suprema, en la Causa Riachuelo.

Este primer encuentro, desarrollado en la Defensoría del Pueblo de la Nación, fue realizado con motivo de intercambiar información sobre el reciente Reglamento de Usos de Agua establecido por el ACUMAR, el cual establece los parámetros de calidad de agua para el mediano y largo plazo.

Esta reglamentación no es menor ya que definirá las condiciones ambientales futuras del Riachuelo, y de acuerdo a los parámetros que se están determinando se permitiría la perpetuación de un alto nivel de contaminación. La resolución adoptada solo contempla aspectos paisajísticos para que se vea y huela bien el Matanza Riachuelo, sin establecer restricciones para las sustancias peligrosas como el cromo, el plomo, el cadmio, el mercurio y el arsénico.

La idea de esta primera reunión fue conocer los motivos de las decisiones adoptadas por la ACUMAR, y poder exponer las preocupaciones que tiene el Cuerpo Colegiado, si se toman estos parámetros como definitivos.

Si bien no se asumieron compromisos de modificaciones sobre dicha resolución, se acordó seguir discutiendo sobre los parámetros de calidad, para poder hacer recomendaciones y propuestas con el objetivo de definir parámetros acordes a una real recomposición ambiental de la cuenca.

El personal y los voluntarios de Greenpeace Japón se reunieron ayer en las calles de Aomori para hacer público el juicio por el escándalo de la carne de ballena y la campaña de Greenpeace para detener la caza de ballenas.

Dos de nuestros activistas, Junichi Sato y Toru Suzuki, se enfrentan a 10 años de prisión por denunciar corrupción en la industria de carne de ballena por parte de los balleneros japoneses y con aparente consentimiento oficial.

Mientras tantos, los abogados de los dos activistas disputan en los tribunales la divulgación de pruebas importantes que el fiscal prefiere mantener en secreto.

Estamos seguros de que cuando los magistrados lean toda la evidencia de la fiscalía no sólo verán que Junichi y Toru son inocentes de cualquier delito, sino que sus acciones fueron del mayor interés público, ya que intentaron denunciar una malversación de fondos por parte de la industria ballenera, que es financiada por los contribuyentes japoneses.

“Hay una creciente preocupación internacional por el caso de los activistas “, dijo el abogado de derechos humanos internacionales Richard Harvey. “Esto no es sólo acerca de la caza de ballenas, ni de los derechos humanos en Japón. Se trata de los derechos de todos los ciudadanos para investigar y exponer pruebas contra funcionarios públicos sospechosos de corrupción y malversación de fondos”.

“El derecho internacional exige que se les permita a Junichi y Toru presentar todos los documentos y las pruebas pertinentes en el caso, de manera que el tribunal y el público tengan un claro entendimiento de las razones de sus actos”, agregó Harvey.

Ya está disponible el capítulo número veintiocho de la temporada 2009 del reporte semanal de noticias ambientales Voces Greenpeace.

Son micros de radio, que podés bajar de dos maneras: descargar las 3 secciones por separado, de aproximadamente 1 minuto de duración cada una; o la versión completa de 3 minutos. Descargá el archivo zip donde los encontrarás disponibles. Hacé click aquí. Bajalos ya y comenzá a difundirlos.

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Activistas de Greenpeace Australia y el Pacífico cerraron la terminal de exportación de carbón Punto Abbott en Queensland, Australia, en protesta por los impactos del cambio climático en las islas del Pacífico.

Desde el barco Esperanza y en gomones, los activistas llegaron a la terminal y escalaron hacia el cargador de carbón y lo bloquearon debajo. Los activistas permanecerán en el cargador de carbón frenando la mayor contribución de Australia al cambio climático, la exportación de carbón, para exigir al Primer Ministro Kevin Rudd que reclame un fuerte recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Foro de las Islas del Pacífico en Cairns, una reunión de todos los dirigentes del Pacífico, Australia y Nueva Zelanda. Seguí la acción en vivo (en inglés) en Twitter, en Facebook o en el blog de Greenpeace Australia.

Los activistas colgaron un cartel con la leyenda: “¿Chau Tuvalu? Es tu turno Kev” Tuvalu es uno de los pequeños Estados insulares del Pacífico cuya supervivencia está en grave riesgo por la elevación del nivel del mar. Necesitan un tratado mundial ambicioso con profundas reducciones de las emisiones para garantizar su supervivencia.

Cerca de 200 personas en México formaron el mensaje "Cero deforestación ¡ya!" para exigir que la política forestal evite la pérdida de bosques y selvas; en el sexenio de Felipe Calderón se han perdido 1 millón 500 mil hectáreas, equivalentes a tres veces la superficie del estado de Morelos.

Ciberactivistas, socios y activistas de Greenpeace México exigieron la semana pasada al presidente Felipe Calderón tomar medidas efectivas que detengan la deforestación en México a más tardar en el año 2020 y mitigar con ello el cambio climático.

El lugar para dar el mensaje fue la explanada de la Plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en donde los ciudadanos afines a Greenpeace le recordaron al jefe del Ejecutivo que México es uno de los cinco países con mayor tasa de deforestación del mundo y que cada año se pierden alrededor de 500 mil hectáreas de bosques y selvas.

México es uno de los 20 países que emiten más gases de efecto invernadero a la atmósfera (GEI) y, de acuerdo con estimaciones oficiales, al menos el 14 por ciento de los GEI que emitimos son originados por el cambio de uso de suelo y la deforestación.

“La deforestación ocasiona la pérdida de nuestra riqueza biológica, pone en riesgo nuestro abasto de agua y acelera el cambio climático ya que, al remover la cobertura vegetal, se libera el bióxido de carbono (CO2) almacenado en las plantas y en la materia orgánica del suelo, a través de su quema o descomposición”, afirmó Héctor Magallón, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace México.

Greenpeace ha denunciado que a través de Proárbol se destina más de 50 por ciento de los recursos destinados al sector forestal a impulsar campañas de reforestación (de las cuales sobrevive menos del 10 por ciento de los árboles plantados) y las plantaciones forestales comerciales, pero que estas acciones no detienen ni detendrán la deforestación de nuestro país porque nuestros bosques no son simplemente un conjunto de árboles plantados en un terreno.

“En lo que va de este sexenio se han perdido 1 millón 500 mil hectáreas de bosques y selvas, el equivalente a tres veces la superficie del estado de Morelos. Y si no se cambia la política forestal, se perderá la misma cantidad al final de 2012. Detener el deterioro y la pérdida de los bosques y selvas que quedan en México es un tema urgente y debería estar entre las primeras prioridades del gobierno federal, tanto para reducir los efectos del cambio climático como para proteger nuestra valiosa biodiversidad y acceso al agua”, explicó Paloma Neumann, integrante de la campaña de bosques de Greenpeace.

Greenpeace presentó hace un par de semanas los casos de la Meseta Purépecha en Michoacán, la región de Los Tuxtlas en Veracruz, y el Gran Bosque de Agua, en la confluencia de los estados de México, Morelos y el Distrito Federal, que muestran cómo el avance de la frontera agropecuaria y el desarrollo urbano continúan siendo los principales catalizadores de la destrucción de la masa forestal del país.

Greenpeace exige que se revise y rediseñe con urgencia la actual política forestal.

Los bosques en números:

*El 20 por ciento de las emisiones de GEI a nivel mundial provienen de la pérdida de los ecosistemas forestales que desaparecen a un ritmo de 13 millones de hectáreas cada año.
*Hemos perdido alrededor 47 millones 651 mil 200 hectáreas de ecosistemas forestales.
*Si seguimos a este paso, en 2020 perderemos más del 10 por ciento de bosques que nos quedan.
*El 80 por ciento de la superficie de bosques y selvas en México pertenece a comunidades y ejidos, y estudios científicos han demostrado que el buen manejo forestal no sólo permite conservar los ecosistemas forestales en buen estado, impide su deterioro y pérdida, sino que además es un impulsor del desarrollo local y regional.