El 14 de marzo pasado el gobierno venezolano dio cumplimiento al artículo número 23 del Decreto 5.930 de la Ley de Pesca y Acuicultura, que contempla la prohibición absoluta de la pesca industrial de arrastre, por lo que ahora sólo puede practicarse la pesca artesanal en toda la zona costera venezolana.

Greenpeace felicita a la República Bolivariana de Venezuela por la iniciativa de prohibir la pesca de arrastre, por ser altamente destructiva y muy poco selectiva.

El alto descarte de la pesca de arrastre no sólo destruye los recursos pesqueros, sino que amenaza los medios de vida de miles de pescadores. La protección de la pesca artesanal, y su práctica sustentable son pilares de la conservación, siendo el tipo de pesca que mayor mano de obra ocupa en relación a la captura, y más beneficia a las comunidades costeras.

Asimismo desde Greenpeace “instamos al Gobierno de Venezuela a que, continuando con una política de conservación de los recursos marinos, y quienes de ellos viven, retorne a la Comisión Ballenera Internacional, y no sea el único país de Sudamérica que se mantiene aislado del resto en la conservación de ballenas y delfines”, demandó Milko Schvartzman, Coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace Latinoamérica.

Greenpeace propone a los estados, la creación de áreas marinas protegidas como una herramienta fundamental para la protección de los océanos.

Ya está disponible el capítulo número once de la temporada 2009 del reporte semanal de noticias ambientales Voces Greenpeace. Son micros de radio, que podés bajar de dos maneras: descargar las 3 secciones por separado, de aproximadamente 1 minuto de duración cada una; o la versión completa de 3 minutos.

Descargá el archivo zip donde los encontrarás disponibles. Hacé click aquí. Bajalos ya y comenzá a difundirlos.

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Cada año, entre 200 y 500 mil tortugas marinas nacen y se alimentan en las playas de Gahirmatha, al este de la India.

Tata, la corporación más grande de la India, está construyendo a tan solo 12 km. de allí, en Dhamra, un enorme puerto para exportar gran parte de la producción de su nuevo auto “Nano”, promocionado como “el más barato del mundo”.

Si se continúa con la obra, el dragado necesario para la construcción cubrirá la playa de agua y estas tortugas marinas, únicas en el mundo y en peligro de extinción, se verán seriamente amenazadas.

Exigí a Ratan Tata, presidente de la Corporación, que detenga ya la construcción del puerto y salvá a las tortugas. Enviale ahora tu reclamo, hacé click aquí.

Las organizaciones Greenpeace, GAIA, Cooperativa del Oeste, Fundación Ambiente y Sociedad, Fundación Ecológica Verde y Fundación Ambiente y Recursos Naturales enviaron ayer una carta al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, y a la Vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, para demandarles que tomen las medidas adecuadas y necesarias para el cumplimiento de la Ley 1854 y que el nuevo pliego para la licitación del Servicio Público de Higiene Urbana se diseñe de acuerdo a lo establecido por esta.

Para leer la carta, hacé click acá.

Más de 20 activistas de Greenpeace Chile fueron detenidos ayer en Concepción tras protestar contra el uso de la pesca de arrastre durante la Feria Internacional Pesca Sur 2009.

Los activistas ocuparon el techo del edificio y el escenario donde en ese momento se estaba realizando la ceremonia y desplegaron con carteles el mensaje "Pesca de arrastre = destrucción" para exigir una moratoria en la práctica de la pesca de arrastre hasta que la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES) aporte datos para evaluar los daños del uso de las redes en el ecosistema marino de la región del Bío Bío.

Uno de los impactos de esta modalidad es la disminución de la biomasa de la merluza común en más del 70% entre 2003 y 2008. El stock actual de esta especie está compuesto en un 90% por juveniles, que no tienen la capacidad de reproducirse.

Los manifestantes fueron detenidos por desorden público y trasladados hasta una comisaría para ser puestos en libertad en torno a las 19.45 horas.

Un nuevo flujo de residuos peligrosos está emergiendo en la Argentina: la renovación de aparatos eléctricos y electrónicos crece cada año y genera una explosión en la generación de basura electrónica que en la actualidad es arrojada a basurales o enterrada en rellenos sanitarios.

Argentina tiene casi 40 millones de habitantes y aunque los aparatos eléctricos y electrónicos no están plenamente extendidos entre los ciudadanos, el número de equipos que se adquieren aumenta progresivamente ya que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son la porción de los residuos sólidos urbanos que más rápido crece debido a que la gente renueva sus teléfonos celulares, computadoras, televisores, equipos de audio e impresoras con más frecuencia que nunca.

Además de sus propios residuos electrónicos, Argentina y otros países deben lidiar también con la importación legal e ilegal de residuos electrónicos que ingresan generalmente con la excusa de su reutilización sin demasiados controles hasta ahora.

En este contexto nuestro país debería de reforzar los controles en sus fronteras -para residuos electrónicos- mediante el riguroso cumplimiento de la Convención de Basilea y, en particular, resolviendo el vacío legal generado por la no diferenciación entre material reutilizable y residuo electrónico.

Así como los países miembro de la OCDE[1] deben frenar las exportaciones de los residuos electrónicos recolectados, así también los países del sur —destinos de estos desechos—, deben frenar su importación: los residuos tóxicos, como los electrónicos, deben ser tratados lo más próximo posible al lugar donde se generan.

En los años ´90 los gobiernos en la Unión Europea, Japón y algunos estados de Estados Unidos establecieron sistemas de “reciclado” de basura electrónica. Muchos de ellos no tienen hoy la capacidad de administrar la cantidad de residuos electrónicos que ellos mismos generan y comenzaron a exportar el problema a los países en desarrollo donde las leyes para proteger a los trabajadores y al ambiente no son las más adecuadas o, peor aún, directamente no existen.

En Argentina los residuos de estos complejos productos de alta tecnología son manejados en forma casi exclusiva por un par de desmontadores abastecidos únicamente por los servicios técnicos de algunas pocas marcas internacionales.

La mayoría de los productos desechados no quedan registrados y aunque los métodos utilizados por el sector informal (cartoneros) no llegan a ser un problema grave –son métodos rudimentarios y no controlados- de no tomarse ninguna medida, existe el riesgo de que los procesos como la quema al aire libre de cables con PVC y el tratamiento de residuos en baños de ácido para recuperar el oro y otros metales valiosos, se propaguen en el sector causando no sólo riesgos ambientales y negatividades externas, sino poniendo en peligro de manera directa la salud de la gente del sector y las comunidades cercanas.

En síntesis, hoy no existe en Argentina ningún sistema que asegure una adecuada gestión ambiental de RAEE.

Greenpeace considera de suma urgencia que deben adoptarse medidas legislativas donde los fabricantes de aparatos electrónicos, quienes se benefician por la venta de sus productos, asuman la responsabilidad legal y financiera por sus productos hasta el final de su vida útil. Este concepto se denomina Responsabilidad Individual del Productor.

Para apoyar los mecanismos de mercado y promover la competencia dentro del sector, cada empresa debería pagar solamente por los costos de fin de ciclo de sus propios productos. Por lo tanto, cada compañía es responsable individualmente de sus productos. Una definición de responsabilidad individual utilizada con frecuencia establece que: el productor tiene una responsabilidad financiera individual cuando paga por la gestión de fin de ciclo de sus productos.

Este principio premia financieramente a aquellos productores que inviertan en la eliminación de sustancias peligrosas y utilicen materiales y diseños en sus productos que los hagan fácilmente reutilizables y reciclable.

Continuando con esta idea estas condiciones son necesarias para generar una conciencia empresarial adecuada y transparente que permita crear un nexo entre los productos y la consecuencia ambiental que acarrean, incentivar el diseño ecológico y evitar la venta de aquellos que no tengan una empresa que los respalde.

Los beneficios de una acción temprana en Argentina harían por un lado que los costos crecientes en gestión de residuos, que hoy recaen sobre las municipalidades y contribuyentes, puedan transferirse a los productores y por otro lado ayudaría a evitar la permanencia del sector informal dedicado al reciclaje de residuos electrónicos con las consecuencias que ello acarrea.

* [1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE: es una organización de cooperación internacional, compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.