El debate abierto en torno a la instalación de las plantas de celulosa en el río Uruguay (Botnia y ENCE) y el desenlace de las protestas en su contra que parece vivirse estos días por estas márgenes no hacen otra cosa que poner en evidencia las fluctuantes y contradictorias posiciones asumidas por el Gobierno argentino al respecto.
De soslayar y minimizar el problema, se pasó repentinamente a una sobreactuación desmesurada y demagógica, hasta llegar a la actual y confusa posición donde es difícil entender cuál es la política nacional en esta materia y cuáles serán los pasos a seguir en este caso y en otros similares, que seguramente están por venir, sobre todo en el propio territorio.
Quizá la falla se encuentre en que el Gobierno nacional jamás enfocó la situación en su verdadera magnitud, ni enfrentó el desafío para la región en su verdadera escala.
Desde diferentes niveles gubernamentales, se creyó que con apoyar las protestas en Gualeguaychú sería suficiente.
En este sentido, desde Greenpeace se advirtió permanentemente sobre la necesidad de desarrollar criterios regionales comunes, al menos entre la Argentina y Uruguay, para definir un plan de producción limpia para la industria de la celulosa y el papel.
Esto implica establecer parámetros comunes y consensuados en cuanto a las exigencias tecnológicas, y en relación a las emisiones y descargas al ambiente; así como también estrictos criterios de ordenamiento territorial para la aprobación y ubicación de plantas industriales y plantaciones forestales.
Dados los bajos costos de producción de celulosa en la región sur de Brasil, Uruguay y toda la mesopotamia argentina, en base a plantaciones de rápido crecimiento como el eucalipto, la expansión de la industria de la celulosa se viene realizando mayoritariamente en esta región del planeta.
En 2006 ya existían en la región plantas productoras de celulosa que producían más de 7 millones de toneladas anuales de celulosa para ser vendidas en el mercado internacional. Algo así, como la producción de siete plantas como la de Botnia. La casi totalidad de esa producción estaba en Brasil.
La industria celulósica mundial planifica su expansión principalmente en base a las condiciones ambientales existentes en estos tres países. Los análisis más recientes indican que para 2015 la capacidad productiva regional crecerá en una magnitud similar a 13 nuevas plantas como la ubicada en Fray Bentos.
Según lo planificado, entre 2009 y 2015 se habilitarán 11 nuevas plantas, diez de ellas ya se están construyendo en Brasil y una en Uruguay (ENCE). En 2006, Greenpeace estimó que tendríamos en la región un incremento de dos plantas como la de Botnia por año durante la próxima década y los proyectos en marcha así lo confirman.
Esta es la magnitud del desafío. Una poderosa industria está ya instalada, hoy fundamentalmente en Brasil, y continuará su expansión en Uruguay e intentará hacerlo en la Argentina.
No será la Corte de La Haya quien le dirá a las empresas con qué criterios deberán producir y qué límites deberán respetar. Esas son decisiones que pertenecen a la decisión de delinear una política de desarrollo industrial y forestal.
Dentro de este contexto, la Argentina viene improvisando y actuando espasmódicamente en el plano regional y de manera contradictoria y débil con el sector celulósico local.
Es así que mientras se improvise estaremos dependiendo de la capacidad de tolerancia o lucidez que tengan las poblaciones para poner límites al avance de ésta, o cualquier otra actividad.
Mientras se improvise, corremos el riesgo de pasar de políticas que le dicen que no a todo, a otras que terminan aceptando cualquier cosa.
Esto no es una exageración, pensemos en el caso de la soja hoy en la Argentina.
Es por ello que la única salida superadora de la improvisación es la definición de políticas de desarrollo de largo plazo, que sean creíbles, transparentes y acordadas por las instituciones parlamentarias.
Lamentablemente, todas las iniciativas legislativas en la materia quedaron en la nada, producto de los humores cambiantes del Gobierno nacional (y de la oposición), dependientes de lo que digan o hagan Botnia, el corte de ruta o las encuestas.
Así no se construye una política seria, sustentable y de largo plazo.
